En medio de un operativo de fiscalización interna realizado en la provincia San Cristóbal, la Policía Nacional confirmó la apertura de una investigación formal contra varios miembros activos de la institución por una presunta irregularidad detectada durante un procedimiento oficial.
La información fue ofrecida por la Dirección General de la Policía Nacional, que explicó que el caso surgió tras una revisión administrativa vinculada a un proceso en el que se manejaron evidencias económicas.
Conforme a lo establecido en la Ley 590-16 sobre la Policía Nacional, fueron suspendidos de manera provisional un oficial con rango de coronel y otro con rango de capitán mientras se profundizan las pesquisas.
La decisión fue adoptada a recomendación de la Dirección Central de Asuntos Internos, organismo responsable de investigar posibles faltas disciplinarias dentro del cuerpo policial.
Ambos oficiales fueron notificados formalmente de la medida y quedaron a disposición del Ministerio Público de San Cristóbal, que asumió la parte penal de la investigación para determinar si procede la formulación de cargos.
Fuentes vinculadas al proceso indicaron que la supuesta irregularidad estaría relacionada con la administración de una suma de dinero incautada durante una intervención oficial.
No obstante, las autoridades aclararon que el monto exacto y las circunstancias específicas permanecen bajo análisis, ya que el expediente continúa en fase preliminar.
El Ministerio Público ha iniciado entrevistas a testigos y revisión de actas de procedimiento, mientras peritos analizan la documentación entregada por la institución del orden.
De comprobarse responsabilidad, los implicados podrían enfrentar sanciones administrativas, separación definitiva del cargo o sometimiento judicial, dependiendo de la gravedad de los hallazgos.
La Policía Nacional reiteró en un comunicado que la transparencia y la disciplina constituyen pilares fundamentales de su estructura institucional, asegurando que no tolerará conductas que vulneren la confianza ciudadana.
Asimismo, destacó que la reserva de los nombres responde al respeto del debido proceso y a la presunción de inocencia establecida en la legislación dominicana.
En San Cristóbal, el caso ha generado reacciones diversas entre residentes y sectores comunitarios, que esperan resultados claros y oportunos por parte de las autoridades competentes.
El proceso continúa abierto y se prevé que en los próximos días se ofrezcan detalles adicionales conforme avance la investigación formal.