Las palabras de la ministra Faride Raful cayeron como una bomba cuando aseguró que solo la Dirección General de Migración puede detener y controlar a extranjeros en condición irregular.
Pero el alcalde Santiago Riverón no se quedó callado y respondió con firmeza que seguirá haciendo lo que considera su deber, a menos que lo demuestren lo contrario en los tribunales.
Riverón dejó claro que, aunque no deporta a nadie directamente, sí se encarga de detener a ciudadanos haitianos en situación ilegal y entregarlos a las autoridades correspondientes.
Él defiende su accionar bajo el argumento de que mantener el orden, la limpieza y la seguridad en su pueblo es una responsabilidad que no puede eludir. Según explicó, no ve otra forma de lograr ese objetivo si no actúa frente a la presencia irregular en su demarcación.
Mientras tanto, la ministra Raful insiste en que la Dirección General de Migración es la única entidad con autoridad legal para llevar a cabo estos procedimientos.
También subraya que estos deben hacerse con respeto a los derechos humanos, algo que considera esencial en cualquier operativo, sin importar el lugar ni la nacionalidad de las personas involucradas.
La controversia ha encendido un debate en todo el país sobre hasta dónde llegan las competencias de los alcaldes en materia migratoria. El caso de Riverón reabre una discusión más amplia sobre la legalidad de las acciones municipales frente a una problemática que afecta a muchas comunidades fronterizas. La situación sigue en desarrollo, mientras las opiniones se dividen entre respaldo popular y cuestionamientos legales.