La Oficina de Atención Permanente dictó una fianza de 100,000 pesos para Esmerlin Ricardo Castillo, acusado de agredir físicamente a la agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), María Alejandra Toribio.
Esta decisión generó una oleada de indignación entre los familiares de la oficial, quienes manifestaron impotencia ante lo que consideran una medida judicial insuficiente para proteger a las mujeres en servicio.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad evidencian la agresión, donde se observa cómo el imputado aborda violentamente a la agente. Durante la audiencia, Toribio no pudo ocultar el dolor provocado por la libertad bajo fianza otorgada a Castillo, mientras su madre denunciaba la falta de apoyo y protección institucional para las mujeres, incluso aquellas que forman parte de cuerpos policiales o militares.
El incidente tuvo lugar cuando la oficial intentó detener un vehículo Hyundai rojo que circulaba en sentido contrario, conducido por una joven acompañada por Castillo.
Según el testimonio de la agente, este último reaccionó alterado, vociferando insultos, y luego la agredió físicamente al tomarle el brazo, doblarle la muñeca, perseguirla, sujetarla del cabello y lanzarla al suelo, hechos que quedaron grabados y difundidos en redes sociales.
Mientras continúa el proceso judicial, los familiares de María Alejandra exigen mayor respaldo y justicia para quienes ejercen funciones de seguridad pública.
La preocupación persiste sobre la protección adecuada para el personal que vela por el orden y la seguridad ciudadana, ante casos de violencia que se vuelven públicos y generan amplio rechazo social.