El desastre ocurrido la madrugada del 8 de abril en la discoteca Jet Set continúa generando una ola de acciones legales que, hasta la fecha, suman 41 procesos abiertos.
En pleno show del merenguero Rubby Pérez, quien lamentablemente perdió la vida durante el colapso, el techo del reconocido centro nocturno se vino abajo, dejando 235 fallecidos y más de 180 heridos. Lo que comenzó como una noche de fiesta, terminó convirtiéndose en uno de los eventos más impactantes y trágicos del país.
Entre las demandas figuran 17 querellas con constitución en actor civil y 24 denuncias de personas afectadas, ya sea de forma directa o indirecta. Massiel Javier Almonte, esposa del expelotero Octavio Dotel —quien también figura entre los fallecidos— se encuentra entre quienes han presentado denuncias formales. Incluso se han reportado dos casos de robo a víctimas durante el colapso.
Todas estas acciones legales han sido canalizadas por el Departamento de Atención al Ciudadano de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, entidad que encabeza las investigaciones.
Los reclamos legales apuntan directamente contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, propiedad de la familia. Las víctimas buscan una compensación económica significativa, además de solicitar al Ministerio Público prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados.
En algunos casos, las acciones también alcanzan al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, bajo el alegato de una supuesta falta de supervisión y de medidas de seguridad en el establecimiento nocturno.
Brian Saldaña, director de producción de Color Visión y viudo de una de las víctimas, planea presentar una demanda colectiva en Estados Unidos mediante el bufete Silva & Silva Attorneys and Counselors at Law. Aunque Zulinka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, había advertido que interpondría una demanda individual por presunta negligencia, hasta el momento no se ha presentado en la Fiscalía.
Las acusaciones incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, mencionando entre las causas del colapso fallos estructurales y la instalación de equipo pesado en el techo.
A pesar de que el Ministerio Público procedió a inmovilizar bienes de Antonio Espaillat, su defensa —encabezada por Jorge Luis Polanco, exjefe de recuperación de bienes del Estado, y ahora liderada por el abogado Miguel Valerio— ha negado dicha medida.
