El gobierno ordenó una serie de medidas cautelares para garantizar la «seguridad física y los derechos humanos» de los civiles detenidos por la policía nacional, incluida la instalación de cámaras de vigilancia en todos los destacamentos y patrullas.
Asimismo, dispuso la instalación de un centro de control y vigilancia en un destacamento del Ministerio del Interior y Policía, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, para evaluar el estado de salud de los detenidos.
El anuncio lo hizo el comisionado de Reforma Policial, José Villa del Castillo, acompañado del ministro de Gobernación y Policía, Jesús Vázquez Martínez.
Al mismo tiempo, Villa del Castillo dijo que se logrará una policía transformada que brinde seguridad e inspire confianza a la ciudadanía.
En ese sentido, aclaró que estas disposiciones se implementarán en el marco de las reformas en los próximos meses, al tiempo que dijo que darán una “respuesta de emergencia” a un ritmo acelerado.
Cabe mencionar que la reforma policial es una de las prioridades de la administración del presidente Luis Abinard.
“En una sociedad como la nuestra comprometida con el respeto a los derechos humanos, es inaceptable lo que le pasó a José Gregorio Custodio de San José de Ocoa, Richard Báez de Santiago y David del Distrito Nacional. Lo que le pasó a De los Santos”, advirtió.
Continuó: “La ciudadanía se pregunta: ¿Qué vamos a hacer para asegurar la vida de los patrulleros policiales? ¿Qué vamos a hacer para asegurar la vida de los contingentes? ¿Cómo vamos a garantizar el buen comportamiento de los agentes? ¿Detenciones más transparentes?
Además, dijo, tienen la responsabilidad de encontrar soluciones prácticas a problemas específicos.
“Pido al organismo que actúe con toda la diligencia, rigor, celeridad y profundidad que exige la situación, con todo el debido respeto institucional”, dijo.
También dijo que los dominicanos estaban esperando que se tomaran medidas para mantener seguros a los detenidos. Por lo tanto, el propósito de la llamada anterior es anunciar soluciones concretas para evitar que se repitan estos incidentes importantes.
«La reforma policial es más urgente ahora que nunca. La reforma policial no se detendrá, incluso si su implementación no es inmune a obstáculos, escrutinio, demoras innecesarias, campañas de desprestigio y ataques políticos dentro y fuera de la agencia. Pero llevará tiempo. No se puede Cambia 85 años de cultura y abandono en tres semanas”, explicó.
A continuación las medidas completas adoptadas:
1. La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
2. Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
3. Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
4. La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
5. La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
6. La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
7. Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
8. Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
9. Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
10. Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
11. Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
• Gestión de crisis.
• Derechos Humanos.
• Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
12. Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
13. Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
14. Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos.
No hay espacio para impunidad
Vila del Castillo advirtió que no hay espacios para la impunidad y que los culpables de las recientes muertes deben ser conducidos a los tribunales, con la aplicación de los principios de excelencia que el Ministerio Público posee
En ese sentido, indicó que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, se encuentra en un proceso de transformación integral, coordinado desde la Comisión.
Además, enfatizó en los nueve grandes ejes de actuación: Marco legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas, cuyos ejes serán conformados por mesas técnicas llevadas a cabo a través de los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación legal, burocráticos, operativos policiales y tecnológicos, entre otros.
Precisó que «los crímenes extrajudiciales han sido una a práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los últimos 16 años», agregó.
«Los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días». De total de esos casos, sólo 96 fueron sometidos a la justicia y, de ellos, solo terminaron en condena, 18, aseguró.
«Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad», expresó.
En tanto, reconoció que aún hay muchas cosas que cambiar, tales como: «las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser erradicados».
con información de Yosper