Las autoridades migratorias de la República Dominicana han comenzado a implementar un nuevo protocolo para la atención de pacientes extranjeros en 33 hospitales públicos. Durante el primer día de aplicación, la Dirección General de Migración reportó la deportación de 48 mujeres embarazadas, 39 recién paridas y 48 menores de edad.
El grupo fue trasladado al Centro de Retención de Haina antes de ser llevado a la puerta fronteriza de Elías Piña, donde fue entregado a las autoridades haitianas. Según Migración, el traslado se realizó en autobuses acondicionados con cinturones de seguridad, aire acondicionado y otras comodidades.
El gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha impulsado estas medidas como parte de una estrategia contra la migración irregular, anunciada el pasado 6 de abril. Dentro de estas acciones se encuentra el protocolo que exige a los extranjeros presentar identificación, carta de trabajo y prueba de residencia para recibir atención médica. En caso de no cumplir con estos requisitos, los pacientes reciben asistencia médica y luego son repatriados. Esta política ha generado diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, especialmente entre los familiares de los afectados.
Durante el segundo día de implementación, el Centro de Retención de Haina se convirtió en un punto de encuentro para los familiares de los detenidos, quienes esperaban información en medio de un ambiente de incertidumbre.
Algunos ciudadanos denunciaron la detención de personas con nacionalidad dominicana, como el caso de Clarissa de Jesús de los Santos, una joven de 16 años que fue llevada al centro junto con su bebé tras dar a luz, debido a la falta de documentos. Su familia expresó indignación, señalando que el protocolo se está aplicando de manera discriminatoria.
El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de la Dirección General de Migración, supervisó el procedimiento personalmente para asegurar que se respeten los derechos humanos y se mantenga un trato digno a los deportados.
Según la entidad, el protocolo garantiza que las parturientas sean atendidas médicamente antes de iniciar el proceso de repatriación, siguiendo normativas nacionales e internacionales. No obstante, el ambiente sigue siendo tenso, con voces que califican el proceso como injusto e inhumano.