Una jueza en funciones ha elevado su voz de alerta tras ser blanco de amenazas directas y acusaciones públicas luego de emitir un fallo judicial.
El hecho ocurrió el pasado 6 de mayo en Higüey, cuando una decisión tomada por el Primer Juzgado de la Instrucción encendió la furia de una ciudadana que, al no estar conforme con el veredicto, respondió con amenazas de muerte, difamación y hasta declaraciones que comprometen la seguridad del sistema judicial.
La magistrada Alexandra Reyes Custodio relató que, tras dictar un auto de no ha lugar en un proceso, la señora Mildred Correa arremetió con expresiones que incluyeron llamados a la violencia, señalamientos de corrupción y hasta la mención de su hija menor de apenas siete años.
Entre las frases pronunciadas se incluyen afirmaciones alarmantes como “hay que ultimar dos o tres jueces” y “vamos a poner una bomba en Higüey”, lo que ha elevado el nivel de preocupación por la seguridad de quienes administran justicia en la región.
Lo más inquietante, según la jueza, fue que todo esto ocurrió en presencia de representantes del Poder Judicial, sin que se tomaran acciones inmediatas.
Entre los testigos estuvieron el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, la encargada de seguridad judicial y el jefe de Comunicaciones, pero aún así, no hubo arresto ni respuesta que detuviera la agresión verbal y pública. Reyes Custodio ve en este suceso no solo una amenaza personal, sino también un atentado contra la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho.
Ante la falta de protección oficial y la ausencia de medidas posteriores, la magistrada dirigió una carta formal al Consejo del Poder Judicial solicitando iniciar una acción penal contra Correa, amparada en la Ley 327-98 sobre la Carrera Judicial.
También exigió resguardo inmediato para ella y su familia, así como una revisión urgente de las condiciones de seguridad del Palacio de Justicia de Higüey, el cual —según detalló— carece de detectores de metales activos y presenta una vigilancia policial insuficiente.