Santo Domingo, República Dominicana. Con la voz quebrada pero la determinación intacta, Brian Saldaña, director de producción del canal Color Visión, anunció que el dolor por la pérdida de su esposa se transformará en lucha legal contra los responsables del colapso en la discoteca Jet Set.
El trágico suceso, ocurrido durante la madrugada del 8 de abril, dejó un saldo devastador de 226 personas fallecidas, entre ellas la compañera de vida del comunicador, quien ahora se convierte en uno de los rostros visibles de una batalla judicial colectiva.
En medio del duelo, Saldaña confirmó que el bufete de abogados Law Firm liderará la demanda contra los propietarios del centro nocturno, cuya estructura cedió inesperadamente durante una presentación del merenguero Rubby Pérez.
“En su momento el bufete y los familiares hablarán a la prensa”, adelantó, asegurando que no descansarán hasta que se haga justicia. Con sus palabras, dejó claro que este proceso busca más que indemnizaciones: “Solo esperamos que la Procuraduría y Yeni Berenice Reynoso puedan accionar con los responsables de este desastre”, expresó, refiriéndose directamente a las autoridades judiciales del país.
El caso Jet Set, que ha conmocionado a la nación y a la diáspora dominicana en el exterior, especialmente en Nueva York y Miami, ahora avanza hacia una nueva etapa: la exigencia de respuestas legales.
Desde hoy, los familiares de las víctimas se preparan para canalizar su dolor a través de una demanda que buscará establecer responsabilidades penales y civiles. Esta acción marca el inicio de un proceso que podría sentar precedentes en términos de responsabilidad estructural y supervisión de espacios de entretenimiento en la República Dominicana.
Las autoridades aún no han ofrecido un informe técnico definitivo sobre las causas del colapso, mientras los querellantes piden celeridad e imparcialidad en la investigación. La figura de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso es vista como clave en la posible judicialización del caso.
Con la formalización de esta demanda colectiva, los ciudadanos dominicanos deberán estar atentos a posibles implicaciones legales para otras infraestructuras similares en el país, ya que este precedente podría obligar a reformas en la regulación de edificaciones destinadas a eventos públicos.